Los ayuntamientos catalanes y vecinos podrán desahuciar a okupas conflictivos

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Okupas
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La administración catalana prepara una nueva ley para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios de una vivienda ocupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes. Esta es una problemática que se encuentran, sobre todo, con grandes tenedores, según explican desde la Generalitat, ya que no suelen emprender ninguna acción en los tribunales.

El gobierno catalán ha presentado la propuesta de una modificación del código civil y la ley de vivienda para actuar contra las okupaciones que generen conflictos en la convivencia. Una vía para resolver la problemática que denunciaron los alcaldes de la Asociación del Arco Metropolitano la pasada semana.

De aprobarse esta propuesta, ya no solo los propietarios podrán emprender el camino judicial en caso de ocupación, sino que también los consistorios o los vecinos podrán iniciar este trámite. Según la Generalitat, grandes propietarios y bancos no emprenden en muchas ocasiones ninguna acción en los tribunales, lo que hasta dificultaba la acción de los cuerpos policiales.

Con la modificación, las administraciones podrán pedir la tramitación. Siempre tras advertir a los dueños de los inmuebles, que tendrán un mes para responder a la petición. Para ellos habrá multas de entre 9.000 euros y 90.000 euros en caso de hacer caso omiso a los requerimientos, deberán sufragar los costes del desahucio y podrían llegar a perder la vivienda, que sería cedida a la autoridad competente de la zona para destinarse a uso social.

Según los datos hechos públicos por la Generalitat, actualmente los juzgados catalanes tienen 7.345 denuncias por ocupación abiertas. El plazo de tramitación estándar ronda los ocho meses. La administración catalana solamente dispone de datos de su parque de viviendas: 953 de los 21.000 pisos que tiene están ocupados y el 25% presenta conflictividad.

Además, Cataluña concentra el 45% de todas las okupaciones de España. La problemática se concentra en Barcelona, pues el área metropolitana de la capital aglutina el 75% de los casos del territorio. Por ello, los alcaldes de la zona pidieron la semana pasada a la consellera Cervera una actuación decidida contra el fenómeno.


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